Un oficial de policía de Utah fue despedido el martes después de verse envuelto en una presunta violación de derechos. Luego de revelar un video que mostro su excesivo uso de la fuerza mientras esposaba a una enfermera cuando ella se resistía a permitir una transfusión de sangre en un incidente.
El policía de Lake City el Comisionado David Mathis despidió al Detective Andrew Ross después de una investigación interna que revelo que el violo las políticas del departamento mientras arrestaba a la enfermera Amy North y la arrastró gritando desde el hospital, dijo el Sgt. Boris Chapman del departamento de policía de Salt Lake City. Mathis dijo que un declaración de tipo disciplinario dijo que él estaba “atribulado profundamente” por la conducta de Ross. El también describió la conducta de Ross de “irracionales, inapropiados, indeseados, descorteses, e irrespetuosos.” Mathis continuo diciendo que las acciones de Ross fueron extremadamente no profesionales especialmente por el hecho que el había estado trabajando para el departamento por 27 años. Mathis también cuestionó su habilidad para server al servicio público y al departamento efectivamente.
El abogado de Ross, David Underwood dijo que su cliente ha trabajado para el departamento por alrededor de 30 años y cuestiono si Ross merecía ser despedido por su comportamiento. Mientras tanto, el supervisor de Ross, Lt. Jack Hodges, fue degradado a oficial. Mathis, en su carta disciplinaria, dijo que él hizo esa decisión porque Hodges ordeno que Payne arrestara a North sin considerar los hechos de la situación y la ley. Hodges gano elogios por investigaciones de drogas y robo.
El caso recibió amplia atención después que North, y su abogado revelaron los videos de los videos de la cámara del cuerpo – de policías a finales de Agosto. La grabación mostro que North explico que es política del hospital mostrar una orden o consentimiento formal para extraer sangre del paciente que fue víctima de un accidente de carros. El paciente no era un sospechoso de ningún acto indebido.
A los oficiales se les dan cinco días laborales para apelar las decisiones del jefe.
Yong J. An en un ex abogado de defensa criminal y fiscal federal y estatal, que le brinda toda la representación que usted necesita. Su prioridad es encontrar a un especialista en derecho que sepa el sistema de justicia criminal, particularmente en la legislación de Texas. Yong J. An también ofrece asistencia para clientes hablantes de coreano, vietnamita y chino, y español. Yong J. An tiene su despacho jurídico en lugares convenientes en todo el área de Houston y está disponible por teléfono 24/7 y puede ser contactado al 832 428 5679 vía llamada o texto.
Yong J. An DWI, Abogado de Defensa Criminal, Pearland, Angleton, Lake Jackson, Manvel, Alvin, Freeport, Sugarland, Missouri City, League City, Texas City, Friendswood, Galveston, Dickinson, Waller County, Hempstead, Chamber County, Anahuac, Montgomery County, Woodland, Conroe, Jefferson County, Beaumont, Liberty County, Brazos County, College Station, Bryan, Harris County, Brazoria County, Galveston County, Fort Bend County.
Un ex maestro de Cypress-Fairbanks fue sentenciado a ocho años de prisión el Viernes después de haber admitido un crimen sexual con un niño el cual era un estudiante que tenía 16-años de edad, un estudiante de su clase.
El Incidente
El acusado, de 31 años, se declare culpable cuando su juicio comenzó el martes. Él fue acusado con un grave crimen de dos cuentas de crimen sexual de un adolescente que era menor de 17. El acusado admitió que el estudiante y el tuvieron sexo por lo menos dos veces en su carro. Anteriormente en la semana, la victima testifico que el maestro la presiono a tener sexo después de viajar con ella a Bear Creek Park durante su grado junior en 2015.
Testificación del Acusado
El acusado se declare culpable y testifico en sus propia defensa. Él dijo al jurado que la joven estaba “en control” de su relación y que ella lo sedujo. Su abogado defensor fue James Kan y Don Nguyen. Ellos demandaron un veredicto más indulgente, el cual indicaba que la joven se quedaba cerca del maestro incluso después que los encuentros terminaban. Ella también se inscribió en otro semestre para tener clases con el sentarse junto a él durante el almuerzo. La victima también continúo enviándole mensajes de texto después de los encuentros.
Mientras tanto, el acusador Ashley Guice noto que el acusado recogía a la chica de su casa, condujo a Bear Creek Park al noreste de Houston y tuvo sexo al menos dos veces ahí. Ella también indicaba que el acusado tenía el hábito de estar cerca de sus estudiantes femeninas. También, él les enviaba mensajes en las redes sociales. El uso esas técnicas para manipular sus emociones y cometer delito sexual de un joven.
Los oficiales de Cypress-Fairbanks ISD comenzaron la investigación sobre el crimen del profesor de matemáticas de Cypress Ridge High School en Noviembre del 2016 después de recibir un consejo anónimo. El ex maestro fue arrestado después que el admitió haber tenido sexo y dijo que este fue consensuado.
Abogado del Área
Yong J. An en un ex abogado de defensa criminal y fiscal federal y estatal, que le brinda toda la representación que usted necesita. Su prioridad es encontrar a un especialista en derecho que sepa el sistema de justicia criminal, particularmente en la legislación de Texas. Yong J. An también ofrece asistencia para clientes hablantes de coreano, vietnamita y chino, y español. Yong J. An tiene su despacho jurídico en lugares convenientes en todo el área de Houston y está disponible por teléfono 24/7 y puede ser contactado al 832 428 5679 vía llamada o texto.
Yong J. An DWI, Abogado de Defensa Criminal,
Counties Represented:
Brazos (Bryan, College Station),
Brazoria (Alvin, Angleton, Dickinson, Freeport, Lake Jackson, Manvel, Pearland),
Chamber (Anahuac),
Jefferson (Beaumont),
Galveston (Friendswood, Galveston, League City, Texas City)
Harris (Baytown, Deer Park, Galena Park, Katy, Humble, Houston, Memorial, Pasadena, South Houston, Spring, Webster),
Fort Bend (Katy, Missouri City, Richmond, Stafford, Sugarland), Liberty,
Montgomery (Conroe, Woodland), and
Waller (Hempstead).
La Policía de Las Vegas ha revelado un una grabación de cámara después que un ex oficial de Policía se declaró culpable de un caso de delito menor el Jueves. El video cargado-profanidades muestra al entonces Oficial del Departamento de Policía Metropolitano Edward Alford, 50, agrediendo a una mujer cerca de la Avenida Tropicana e Interestatal 15 a primeras horas de la mañana del 6 Enero, 2015. Alford fue expulsado de su posición de Departamento de Policía Metropolitano en Septiembre del mismo año.
El Viernes por la mañana, el Metro reveló la grabación que no se había visto del encuentro de Alford con una mujer quien el sospechaba que estaba trabajando de prostituta. El video de 3-minutos, 23-segundos fue dado a conocer después que el caso criminal de Alford había sido cerrado, el Metro dijo en un comunicado. Alford pueden enfrentar hasta un año detrás de las rejas y una sanción de $100,000.
El video muestra a Alford saliendo de su carro patrol y llamar a la mujer. Después de haber llamado su atención, Alford intento esposarla después de mostrarle su taser. Alford está programado para ser sentenciado en Enero. Los fiscales dijeron que ya no podía trabajar como oficial de policía después del final de su sentencia.
Inicialmente, Alford fue acusado de violar los derechos civiles de la mujer después de usar la fuerza excesiva durante el arresto en Enero del 2015 y falsificar reportes de su encuentro. La mujer también fue acusada de andar merodeando y tirar basura, pero esos cargos fueron después desestimados.
SI has sido arrestado o enfrenta cargos penales, una defensa efectiva puede ser un factor decisivo entre una sentencia de prisión y un cobro reducido o anulación de cargos. Si usted ha sido arrestado o enfrenta un caso de defensa de derecho penal (tales como inmigración, acto criminal, deportación, DWI o DUI, robo, asalto, asaltos relacionados con drogas, etc.), también es crucial que usted sepa sus derechos. Yong J. An es un ex fiscal federal y estatal y especializado como abogado de delitos, quien le proporcionará toda la representación que necesita. Su prioridad debería ser encontrar un abogado en derecho que conozca el sistema de justicia penal, particularmente las leyes de Texas. Yong J. An también proporciona asistencia para clientes que hablan coreano, vietnamita, chino y español. Yong J. An tiene dos despachos de abogados con oficinas en ubicaciones de conveniencia en el centro de la ciudad y está disponible en el teléfono 24/7 y puede ser contactado al 832 428 5679 por llamada o texto.
Yong J. An DWI, Abogado de Defensa Criminal, Pearland, Angleton, Lake Jackson, Manvel, Alvin, Freeport, Sugarland, Missouri City, League City, Ciudad de Texas, Friendswood, Galveston, Dickinson, Waller County, Hempstead, Chamber County, Anahuac, Montgomery County, Woodland, Conroe, Jefferson County, Beaumont, Liberty County, Brazos County, College Station, Bryan, Harris County, Brazoria County, Galveston County, Fort Bend County.
Thalia Huynh relives the memories of June 21, 2017 every day. Huynh and her daughter, Dalena Bustos, were both under arrest, twisting and turning on the floor of a west Houston Walmart.
“Oh my gosh, I was so humiliated,” Huynh recalled. “It’s very embarrassing.”
According to Huynh, around 6:30 that night, she and her daughter went to the Walmart at 2700 S. Kirkwood to buy food.
Huynh said they left after her sister called and told them she had already started making dinner. As the pair was leaving, police records show a plain-clothes loss prevention officer approached them.
Huynh said she didn’t know at the time that the man worked for Walmart.
“We’re walking out and a man approaches me, and he grabs my purse, right before we walk out of the store, and I’m grabbing my purse back from him,” she remembers.
A tussle ensued between the loss prevention officer and Huynh. The cell phone video published on social media shows what happened after both women were on the ground.
Huynh’s pants even fell off during the struggle. She is seen on video with a large group of people looking on, in handcuffs, and only wearing thong underwear. At one point, a Walmart employee used a shopping bag to try and cover her private areas.
Huynh can be heard screaming about her medical condition, as well as a battery on her back during the altercation. She said she has had several back surgeries, and the officer’s treatment of her impacted her health.
“Do you feel like you tried to assault a police officer?” we asked.
“No, no,” said Huynh. “As you can see in the video, we weren’t resisting arrest, I was trying to tell him about my back.”
Both women were charged with assault of a peace officer.
Bustos, the daughter, was also charged with robbery. The robbery charge was dismissed after both women agreed to plead guilty to a misdemeanor assault charge. They were sentenced to one year deferred adjudication.
Huynh said they pleaded to a lesser charge only because they were running out of resources to fight the charges, and she did not want her daughter to risk jail time.
Huynh gave Eyewitness News permission to speak to her defense attorney. The attorney said it was her belief, looking at the evidence, that taking a plea deal would be the best course of action. She did not go into further details about the charges against Huynh.
As for the officer’s conduct, court records show a Houston Community College Officer, Marcus McNeil, was the one working an extra job on June 21. He is seen as the main uniformed officer on the video. Police reports indicate McNeil then called Houston Police for help. HPD responded to the scene as an “assist the officer” call.
In the video, an officer can be seen using his baton to position the women as they lay on the ground in handcuffs. HPD said that officer is one of two Westside Patrol officers who responded to the call. As is standard HPD procedure, because a baton was used, an investigation was conducted. HPD said its investigation found the HPD officer to be justified in using the baton as a positioning tool.
Huynh said her main concern is the actions of HCC officer working the extra job. McNeil is identified as the officer the women allegedly kicked at Walmart. HCC would only confirm that an Officer McNeil was on its staff. It was not otherwise aware of the video.
Currently, Huynh and her daughter Bustos are on one year deferred adjudication and will have to pay court ordered fines. She said, in her opinion, she and her daughter did nothing wrong, and only pleaded guilty because they felt like they had no other options.
“It’s something that I would never want anyone I care about to go through,” Huynh said.
Please contact Yong J. An, Attorney/Abogado, if you are charge with any crime at 832 428 5679
Counties Represented:
Brazos (Bryan, College Station),
Brazoria (Alvin, Angleton, Dickinson, Freeport, Lake Jackson, Manvel, Pearland),
Chamber (Anahuac),
Jefferson (Beaumont),
Galveston (Friendswood, Galveston, League City, Texas City)
Harris (Baytown, Deer Park, Galena Park, Katy, Humble, Houston, Memorial, Pasadena, South Houston, Spring, Webster),
Fort Bend (Katy, Missouri City, Richmond, Stafford, Sugarland), Liberty,
Peter Rockwell with family members in Canada. His health issues were ignored while he was in detention.
Faulty procedures and subpar medical care contributed to at least two deaths at a for-profit Houston immigration detention center that is among those with the most reported immigrant deaths in the country, according to a new human rights report.
In one case, Clemente Mponda, a 27-year-old asylum-seeker from Africa who’d repeatedly threatened suicide was left in an isolation cell with more than enough hoarded psychiatric medications to kill himself – which he promptly did, according to Immigration and Custom Enforcement’s own records.
In the other case, no one administered CPR or called 911 immediately after a 46-year-old Canadian detainee, Peter Rockwell, who suffered from high blood pressure, collapsed in a crowded lunchroom in the Houston Contract Detention Center.
The detention center’s handling of both fatalities is criticized in the new report, issued jointly last week by Human Rights Watch and the California-based Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement (CIVIC).
Medical experts reviewed ICE investigations into 18 deaths in immigration detention nationwide and found subpar medical care or other problems contributed to 10 deaths from 2013-2015 – including those of Mponda and Rockwell.
The Houston detention facility in a sprawling complex near the city’s international airport, has reported eight detainee deaths since 2003. Nationwide, only two other immigration detention centers have reported more – Eloy Detention Center in Arizona with 15 and the Columbia Regional Care Center in South Carolina, which doubles as a mental hospital, with nine, according to a Chronicle analysis of ICE data on detainee deaths at 80 facilities since 2003.
The detention of immigrants has taken on new urgency since President Donald Trump ordered stepped-up efforts to round up and deport those in the country illegally and revealed plans for the construction of more centers.
Both Eloy and the Houston CDF are run by a for-profit company called Core-Civic (formerly known as CCA). In response to questions, Jonathan Burns, director of Public Affairs for Core¬Civic, emphasized that other contractors provide medical care at their facilities and that ICE employees have unfettered access and provide extensive oversight.
The numbers of deaths are small given that nationwide, more than 40,000 immigrants are held at any one time by ICE – 75 percent in privately owned facilities like Houston’s. But most detainees are relatively young and spend only months locked up. ICE has discretion to release the sick or dying and ICE generally defended the level of care provided to detainees in a statement issued this week.
ICE itself found multiple problems in its own investigations of both Mponda’s 2013 suicide and Rockwell’s 2014 death. Houston ICE spokesman Gregory Palmore declined to comment.
In both cases, ICE’s own death reports weren’t released until 2016. Because ICE keeps most of its death reports under wraps for years or forever, some relatives are only now learning troubling details.
“I would agree that there is cause for concern regarding Peter’s treatment while in custody,” said Peter Rockwell’s brother Kris in a phone interview from his home in Canada. “There’s a lot of indications of incompetence and borderline abuse.”
Wants accountability
Christina Fialho, co-founder and executive director of the immigrants rights group CIVIC, argued that ICE itself should stop placing immigrants at facilities that repeatedly report deaths and should hold facilities more accountable especially when ICE’s own death investigations find violations of government standards.
“The Houston Detention Center … is one of the deadliest immigration detention facilities in the country,” Fialho said. “CIVIC believes it is past time to shut down Houston Detention Center.”
Burns said it was important to look at the deaths at the facility “in context.”
“The Houston Processing Center is one of the largest detention facilities used by ICE in the country,” he said. “The number of deaths on a per-capita basis would indicate that it is on a comparable level to other ICE facilities.”
Mponda emigrated to the United States legally as a student from Mozambique in 2007, but suffered a mental breakdown and ended up homeless here, according to ICE records. He was placed in deportation proceedings after a misdemeanor conviction.
He filed an asylum claim, but was improperly classified among the most dangerous offenders in detention and repeatedly locked in an isolation cell, ICE’s own investigation shows.
As he waited 15 months for courts to review his case, he repeatedly threatened suicide before he successfully overdosed on hoarded medications. He left behind extra doses of the drugs with his suicide note.
In the Human Rights Watch/CIVIC report, Dr. Marc Stern, a physician at the University of Washington’s School of Public Health and a correctional care expert, described Mponda as “the poster child for misuse of isolation for mental health patients.” Both he and another expert also found Mponda’s ability to repeatedly hoard potentially lethal medications without detection represented a “dangerous failure of the facility’s security system.”
ICE’s investigation of Mpdona’s death – released in 2016 – uncovered more than a dozen violations of government detention standards, including improper documentation of the use of isolation cells; failure to perform an adequate search as well as failure to follow guidelines for medical care, suicide prevention, facility security and contraband. But the report includes no record of improvements made in Houston CDF procedures after that death.
Had health problems
Rockwell had lived in the United States for more than a 20 years when he was arrested in Beaumont on a Canadian criminal arrest warrant. He landed in Houston CDF in February 2014 and was immediately flagged by a medical team for high blood pressure and a family history of heart problems, ICE records say.
But the staff failed to follow up on orders for daily blood pressure checks and an EKG. They did little to investigate when Rockwell complained of blurred vision, which can be a symptom of a cranial bleed, Stern said.
After two weeks, Rockwell collapsed while heating food at a microwave. An emergency response team arrived, but no one brought oxygen, a defibrillator or other emergency equipment required by ICE. Nor did anyone immediately administer CPR, though Rockwell lost consciousness, foamed at the mouth and had no measurable blood oxygen level. Instead, a team hauled him through a hallway on a stretcher that they could not raise. It took eight minutes before anyone called 911.
Both Stern and another medical expert quoted in last week’s Human Rights Watch/CIVIC report found substandard care contributed to Rockwell’s early death.
In an email to the Chronicle, Dr. Dwayne Wolf, who performed Rockwell’s autopsy at the Harris County Institute of Forensic Sciences, separately confirmed the brain lesion that killed Rockwell was an “intracerebral hemorrhage … a direct consequence of small vessel damage in the brain caused from high blood pressure (hypertension). It’s a complication of high blood pressure.”
Medical team assailed
ICE’s own death investigation cited problems with emergency equipment, medical response, facility record-keeping and follow-up. The report faulted the medical team, which ICE directly oversees. It also found detention center staff failed to render aid, keep adequate supplies, fill out required reports, review the incident with staff and retain videos.
Rockwell’s stepmother and brother who live in Canada had never seen the ICE death investigation until it was sent to them by the Houston Chronicle.
“We could never find out what happened,” said Sandra Rockwell, Peter’s stepmother. “I really felt the whole thing was very suspicious. We received no death report, no paperwork. Nothing to my knowledge.”
In another case, Nho Thi Nguyen, 61, originally from Vietnam, collapsed in a shower and died after only three days in Houston CDF in 2015, according to a Harris County autopsy records and an ICE news release. Her death was not evaluated by experts in the Human Rights Watch/CIVIC report because ICE has never released its death investigation. Palmore declined comment.
The Houston Chronicle asked Stern, one of the experts who reviewed other immigrant death records, to review Nguyen’s autopsy and a death investigation report – and he identified troubling potential signs that Nguyen too may have received inadequate care for high blood pressure before her death.
Arrested upon return
Nguyen emigrated to the United States legally in 2000, according to federal court records. She lived with her husband in a two-story townhome near a section of Bellaire Boulevard where the street signs are posted in Vietnamese. Nguyen had traveled to Vietnam and was returning home when she was detained at the Houston airport in 2015. She was placed in deportation proceedings based on a five-year-old misdemeanor conviction. Court records show she had lied to an immigration official to help a 14-year-old sister, who used false immigration papers.
Her husband later told investigators that Nguyen was not getting medication for high blood pressure while in custody. Before her death, she’d been identified as a “fall risk” and her blood pressure readings had skyrocketed to 230/110 – a life-threatening level generally considered the highest risk category for heart attack, stroke or other crisis, county records show.
She collapsed in a shower and died in a hospital of an aneurysm, an autopsy record shows.
Based on county records, Stern said that if the detention center officials had identified Nguyen as a fall risk – as indicated by a bracelet she wore – they should have investigated and not allowed her to shower alone. He also said untreated high blood pressure could have contributed to her death from an aneurysm, though limited public records do not provide a complete picture.
Call Attorney/Abogado Yong J. An at 832 428 5679 for Criminal or any immigration issues:
Counties Represented:
Brazos (Bryan, College Station),
Brazoria (Alvin, Angleton, Dickinson, Freeport, Lake Jackson, Manvel, Pearland),
Chamber (Anahuac),
Jefferson (Beaumont),
Galveston (Friendswood, Galveston, League City, Texas City)
Harris (Baytown, Deer Park, Galena Park, Katy, Humble, Houston, Memorial, Pasadena, South Houston, Spring, Webster),
Fort Bend (Katy, Missouri City, Richmond, Stafford, Sugarland), Liberty,
Montgomery (Conroe, Woodland), and
Waller (Hempstead).
